Un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría y el Observatorio de la Deuda Social Argentina alertó sobre los principales desafíos que deben enfrentar los más chicos en su bienestar. Cuáles son los obstáculos en educación y salud mental, según los expertos
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA) y el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, ha presentado un análisis detallado sobre las condiciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en el país. Frente a las actuales dificultades económicas y sociales, el estudio pone de relieve el desafío que representa la pobreza infantil y la emergencia alimentaria para la salud y bienestar de los más jóvenes.
En el documento, realizado en el marco del Día de las Infancias, los expertos destacaron que “la crisis económica, social y la pobreza, profundizadas en el último quinquenio, exponen inequidades toleradas hasta ahora por parte de nuestra sociedad, no solo en cuestiones sanitarias, sino también en el ámbito social, económico y educativo, que han afectado a las poblaciones más vulnerables”.
“Los preocupantes índices de pobreza y la emergencia alimentaria, entre otros parámetros, constituyen una realidad incontrastable -señalaron-. Ser pobre implica ser invisible a toda la sociedad. Ser un niño pobre, es ser aún más invisible”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, a los cuales Argentina adhiere, establecieron metas fundamentales para el año 2030 que impactan directamente en la niñez y adolescencia. Específicamente, los objetivos de “Fin de la pobreza”, “Hambre cero”, “Salud y bienestar”, “Educación de calidad” e “Igualdad de género”, son clave para asegurar un desarrollo integral de los menores. En este contexto, la SAP alertó sobre la persistente vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) debido a la crisis económica y social.
Entre los puntos más destacados del documento, los especialistas remarcaron que la inseguridad alimentaria impacta al 64,5% de niños y adolescentes en Argentina, con cifras en aumento desde 2004.
“Desde 2002, la emergencia alimentaria en nuestro país, establecida por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002, refleja de manera aguda la inequidad social, afectando especialmente a los sectores más desfavorecidos y a la infancia y adolescencia”, enfatizaron los pediatras, quienes remarcaron que “una alimentación inadecuada impacta negativamente en el crecimiento, el desarrollo y la salud integral”.
Según los expertos, “esta situación demanda acciones urgentes y sostenibles a largo plazo. El hambre, especialmente en los niños, es inaceptable”.
Además, los expertos indicaron que los niños de Argentina no están debidamente protegidos contra enfermedades que habían sido controladas con las vacunas, al tiempo que alertaron que se registran casos nuevamente en el país, por ejemplo, de sarampión.
En la mirada de los especialistas, es preocupante que, a pesar de la lenta recuperación tras la pandemia, “las tasas de vacunación en lactantes para completar el esquema primario sigan siendo igual o menores al 80%, 15 puntos por debajo del objetivo óptimo del 95% necesario para lograr una cobertura universal o de rebaño”.
Datos oficiales indican que, a finales de 2023, 112.000 niños de 0 a 5 años no habían recibido ninguna vacuna, y 37.000 tenían su esquema incompleto. “Esta brecha supone un riesgo significativo para la salud pública en general y para los niños en particular, con posibles consecuencias en el aumento de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, como la meningitis bacteriana”, advirtieron desde la SAP.
“Es imperativo abordar esta situación de manera urgente y prioritaria mediante políticas públicas que garanticen la cobertura completa para todos los niños y adolescentes en todas las jurisdicciones del país”, consideraron.
La pobreza infantil en el tercer trimestre de 2023 se estima en 55% (con jurisdicciones que superan el 80%) y la indigencia en 15,7% con cifras estimadas en aumento para 2024. Más de la mitad (51,4%) de los NNyA de 0 a 14 años son pobres.
“La pobreza vulnera profundamente los derechos humanos y los derechos de la niñez, limitando el acceso a salud, educación, vivienda y seguridad social, y afectando la igualdad de oportunidades para una vida digna -advirtieron desde la SAP-. Esta situación deteriora los vínculos familiares, el acceso a la educación y el desarrollo general de los niños, provocando problemas en el aprendizaje, comportamiento y bienestar físico y mental, que se agravan con la falta de recursos”.
Para los expertos, “es crucial que la sociedad reconozca la necesidad urgente de reducir la pobreza infantil en todas sus formas. Abordar esta cuestión debe ser una prioridad nacional, con un enfoque integral en la niñez y adolescencia”.
En ese sentido, según los datos más recientes, la tasa nacional de mortalidad infantil en 2021 fue de ocho por 1000 nacidos vivos. Y si bien la cifra global marca un descenso, algunas jurisdicciones aún presentan tasas superiores a este promedio.
Y en relación con la pobreza, los expertos reconocieron que “este descenso se logró a expensas de la mortalidad neonatal, sin lograr una disminución en el periodo postneonatal. El 73,2% de los niños menores de un año fallecidos en su domicilio pertenecen a hogares con necesidades básicas insatisfechas”.
“Se requiere continuar con el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la mortalidad infantil evitable, en todas sus esferas”, enfatizaron.
La pobreza y la exclusión social afectan gravemente a la infancia, especialmente en el ámbito educativo. “Las políticas actuales no aseguran la continuidad escolar ni garantizan una educación de calidad en contextos de pobreza, donde muchos niños y adolescentes del país se encuentran”, analizaron los expertos.
Aunque la mayoría de los niños de seis a 17 años en entornos urbanos asisten a escuelas estatales, los niños de tres a cinco años del estrato social más bajo tienen 3,5 veces menos posibilidades de asistir a un centro educativo, en comparación con sus pares de estratos medios o altos. Además, los adolescentes de estratos bajos tienen casi cinco veces más probabilidades de estar fuera de la escuela o en “sobre edad”, y el 53,6% no asiste a la secundaria.
En tanto, las pruebas Aprender revelan que siete de cada diez jóvenes que terminan la escuela secundaria no alcanzan niveles satisfactorios en matemáticas, y cuatro de cada diez tienen dificultades en lengua.
Asimismo, desde la SAP señalaron que “las emergencias de salud mental y conductual están en aumento entre niños y jóvenes”. “Es fundamental reducir el estigma asociado a estos problemas y asegurar el acceso a servicios de salud mental de calidad”, destacaron. Al tiempo que remarcaron: “En Argentina, en 2020, se registraron 383 suicidios entre adolescentes, de los que nueve de cada diez ocurrieron en el grupo de 15 a 19 años. En este grupo, el suicidio fue la principal causa externa de muerte, representando el 30%, y superando en más de ocho veces las tasas de los niños de 10 a 14 años”.
“Un entorno positivo, una nutrición adecuada y estímulos apropiados son cruciales para el desarrollo saludable del cerebro -enfatizaron los expertos-. Las condiciones socioeconómicas desfavorables pueden provocar trastornos físicos y mentales en los niños, como trastornos del desarrollo, problemas alimentarios e intentos de suicidio. Es vital promover un entorno de apoyo y aumentar la inversión en salud pediátrica, especialmente en salud mental”.
En línea con lo anterior, resaltaron que “los mayores riesgos actuales entre los adolescentes son las adicciones y los consumos problemáticos”.
Las cifras oficiales de las que dispone la SAP dan cuenta de que, desde 2010, el consumo de alcohol y drogas ilícitas ha aumentado, especialmente tras la pandemia. La mitad de los adolescentes de 16 a 17 años ha bebido alcohol en el último mes, y cuatro de cada diez adolescentes de 13 a 17 años ha probado drogas ilegales antes de los 14 años.
Y tras agregar que “el embarazo adolescente también es un desafío significativo en Argentina”, argumentaron: “El 70,8% de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años son no intencionales, y esta cifra sube al 80% en menores de 15 años, a menudo debido a abuso sexual. Los embarazos en la adolescencia son más frecuentes entre quienes tienen menor nivel educativo, reflejando desigualdades sociales y económicas previas. Estos embarazos no intencionales están estrechamente relacionados con la deserción escolar y limitan las oportunidades laborales futuras para las madres adolescentes”.
Además, sobre eso consideraron que “la Educación Sexual Integral es crucial para prevenir embarazos adolescentes y abuso sexual, pero su implementación efectiva sigue siendo una deuda pendiente”.
A modo de mensaje final, y bajo el lema “Por una niñez y adolescencia sanas, en un mundo mejor”, la SAP aseguró “estar comprometida con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes argentinos, a estimular el desarrollo de toda su potencialidad, a entender y abordar las diversas variables que afectan su salud y bienestar, y a fortalecer el conocimiento y habilidades de los médicos pediatras”.
Actualmente, la SAP manifiesta “una profunda preocupación por cómo la situación social y económica continúa afectando a las poblaciones más vulnerables, al igual que ha sucedido durante décadas”.
“El presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes en Argentina son cada vez más inciertos y preocupantes”, vaticinaron, y concluyeron: “Con la mirada puesta en 2030, aún queda mucho por hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograr el hambre cero y asegurar una buena salud y bienestar para todos, es crucial abordar de manera efectiva las inequidades sociales, educativas y de salud que enfrentan la niñez y la adolescencia en Argentina”.