Mabel Colque, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces N° 1, explicó que la ley ómnibus pretende habilitar a jueces y juezas para que ordenen la internación involuntaria de personas con padecimientos mentales sin el dictamen de un equipo interdisciplinario. Y busca eliminar la prohibición de crear nuevos “manicomios”.

El proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación, que está en tratamiento ahora mismo, busca entre otras cuestiones, reformar la ley de salud mental N° 26.657. La secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces N° 1 de Metán, Mabel Colque, designada para este caso como vocera de la Asesoría General, consideró las modificaciones propuestas como retrocesos en materia de derechos humanos de las personas con padecimientos mentales.

La ley ómnibus pretende habilitar que jueces y juezas de familia ordenen la internación involuntaria de personas con padecimientos mentales. Asimismo, busca eliminar la prohibición de crear nuevos “manicomios” y la participación de organismos especializados y asociaciones civiles en el órgano de revisión.

Colque indicó que los aspectos referidos a las propuestas de reforma de la ley de salud mental “tocan muy de cerca” a las asesorías de incapaces. “En el caso de los pacientes mentales que requieran una internación, ya no va a ser necesario que un equipo interdisciplinario se pronuncie sino que cuando el caso sea judicializado directamente los jueces pueden internar sin el criterio interdisciplinario previo como lo contempla la actual ley 26.657“, explicó a Salta/12.

“No me parece correcto”, sostuvo la letrada respecto a las reformas. “El tema de salud mental, si bien es cierto integra aspectos sociales, jurídicos, afectivos, nosotros desde el punto de vista de lo jurídico no podemos dictaminar si una persona requiere o no una internación”, advirtió. En ese sentido señaló que son médicos psiquiatras junto a un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de las disciplinas de psicología, trabajo social y enfermería con especialidad en salud mental quienes tienen “la capacidad y la idoneidad para decir si una persona en esa situación, en un estado de salud mental alterado, está en condiciones de ser internado, tal cual como lo contempla la ley actual”.

Colque dijo que jueces y juezas tienen capacitación y herramientas para realizar el control de internación y establecer “medidas cautelares, precautorias y urgentes” en casos de vulneración de derechos de un paciente, “pero no para diagnosticar si corresponde o no una internación”. El dictamen del equipo interdisciplinario, que “en estos momentos es fundamental para que a un paciente se lo interne o no”, con la reforma que pretende la ley ómnibus “pasa a un segundo plano” y “solamente con que el juez ordene se va a producir una internación”, explicó.

Asimismo, Colque destacó que la reforma del Código Civil “contempla que la internación es la ultima ratio”. “Antes de ordenarla, siempre hay que agotar cualquier vía terapeútica, y cuando no se ha logrado revertir la situación del paciente, la internación voluntaria o involuntaria es la última instancia”, recalcó.

Las asesorías de incapaces tienen entre sus funciones velar por la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales, emiten dictámenes en los procesos judiciales para que el juez o jueza los tenga en cuenta a la hora de emitir una sentencia. Asimismo, aunque hay una curadora oficial en la provincia, ésta tiene asiento en la Capital y en los distritos del interior hay asesores y asesoras que cumplen la función de curatela por disposición de la Asesoría General de Incapaces. 

Se requiere efectivizar la ley vigente

“Yo pienso, a mi humilde entender, que más que una reforma sería necesario ahondar más en la actual ley 26.657”, afirmó Colque. Señaló como ejemplo que en la provincia se requiere mayor capacitación para el personal de salud y que faltan profesionales, sobre todo psiquiatras en los hospitales.

“La ley propone que cualquier institución hospitalaria tiene que estar preparada en salud mental, tema que hoy no es así y lo vemos mucho acá en el interior. En Metán, si bien hay un equipo interdisciplinario en el hospital que trabaja muy bien, tenemos un solo psiquiatra que viene desde Salta y un solo día a la semana (…) y no da abasto”, ejemplificó. Dijo además que en en su distrito este único psiquiatra asiste a la población de los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y Anta. 

“La ley que nos rige actualmente es muy amplia, completa, funcionaría de maravilla siempre y cuando contemos con todos los recursos materiales, la medicación que requiere un paciente en salud mental, y también con los recursos humanos: más psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros con la especialización en salud mental”, enumeró la asesora. 

Argumentó además que la ley 26.657 conllevó “años de discusión y tratamiento”, “no ha sido improvisada”, “ha contemplado a la persona en su integralidad” y reconoce “todos los intrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional”. Mencionó entre éstos, “la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las 100 Reglas de Brasilia, la declaración de Caracas y los Principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales”.

Manicomios

La ley de salud mental vigente “prohibe la apertura de nuevos manicomios y contempla el cierre paulatino de los que hasta ese momento venían existiendo, estamos hablando del 2010”. 

Colque recalcó que la ley vigente permitió en Salta el cierre de “la colonia (Nicolás) Lozano”, una institución neuropsiquiátrica donde se violaban los derechos de las personas con padecimientos mentales. 

“Funcionaba en un lugar apartado de la sociedad, por la ruta 51, campo adentro”, recordó la funcionaria y dijo que allí “estaban confinados muchísimos pacientes psiquiátricos apartados de toda la sociedad” y “totalmente vulnerados en sus derechos”. “Nadie se preocupaba, nadie los protegía, no había familiares que los visitaran, no tenían la contención familiar que en materia de salud mental es fundamental (…). Los familiares los depositaban, porque era un depósito de pacientes mentales, y nunca más los iban a ver”, señaló.

El cierre del neuropsiquiátrico implicó “un proceso que costó muchísimo. Tuvo mucha intervención la asesora general de incapaces, Mirta Lapad. Se empezó a buscar a la familia o referentes afectivos y muchos pacientes pudieron volver a sus casas, después de 10, 20, 30, 50 años confinados en esos lugares. ¡Cómo no decir que esta ley es fabulosa, desde el momento en que permite el regreso de una persona a reunirse con sus familiares!”, destacó Colque. Las personas internadas que no volvieron con sus familias fueron trasladadas al Hospital de Salud Mental Miguel Ragone.

“Tiene que estar el Estado”

Frente a los discursos liberales de no intervención estatal que promueve el presidente Javier Milei, Colque consideró que son necesarias las políticas públicas.

“Hay que partir de la base de que no es nada fácil tener en la casa un paciente psiquiátrico que requiere mucha atención y voluntad, hay muchas familias que no pueden hacerse cargo por la realidad en la que viven, cuando alquilan o tienen niños pequeños a cargo”, tuvo en cuenta Colque. Aunque también hay familiares que pueden hacerlo y tienen los recursos económicos. 

“Ahí tiene que estar el Estado para ayudar y contener, para que las familias puedan hacerse cargo. De esa manera la persona (con padecimientos mentales) va a tener una calidad de vida mucho mejor que estando internada”.“Con las políticas públicas del Estado se puede sobrellevar muchas veces a un paciente en las casas”, sostuvo.

Asimismo, explicó que “la ley contempla las casas de medio camino como una alternativa terapéutica a la internación”, pero en lugares como Metán no existen. Precisó que para la creación de esos espacios se requiere que el Estado alquile un inmueble, disponga un equipo de profesionales idóneos en salud mental y realice talleres, para que la persona con padecimientos mentales pueda asistir durante el día y estar contenida. Recalcó que esos talleres pueden implicar la enseñanza de un oficio que posibilite una salida laboral y el ingreso económico.