Hace unos días, la CGT emitió un documento que alerta sobre el millonario déficit de sus obras sociales, proyectado en más de 135 mil millones de pesos, por el cual decidieron pedirle respuestas al ministro de Economía, Sergio Massa. La seguridad social y su delicada situación financiera es un tema central en la central obrera, ya que desde hace años el sistema oscila cerca del colapso. Los pedidos de una solución de fondo se repiten, y hasta ahora no hay respuesta concreta de las autoridades. Cómo se manejan estas entidades sanitarias genera polémica, y ahora un proyecto de ley busca que sus autoridades dejen de ser los sindicalistas, y pasen a ser autoridades elegidas mediante elecciones. Así lo establece la iniciativa presentada en el Congreso por el diputado opositor Martín Tetaz, que quiere cambiar la forma en que se organizan estos organismos, hasta ahora en manos de la dirigencia sindical. Para eso, el legislador radical propone una reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales basada en la que intentó realizar Raúl Alfonsín apenas asumió la presidencia en 1983, y que terminó con un duro enfrentamiento con los gremios de aquellos días.

 La iniciativa de Tetaz, denominada Ley de Democracia Sindical, busca “terminar con la limitación de posibilidad de cambio de las obras sociales”. El texto de la ley propone que los afiliados “puedan solicitar el cambio pasados los tres meses desde el inicio de la relación laboral por ser el plazo del período de prueba”. “Las obras sociales se han constituido en las cajas de los sindicatos y tienen a los afiliados cautivos, con un esquema muy complejo para salirse de la obra social sindical, que nosotros queremos simplificar”, explicó el legislador en una reciente entrevista. Para esto, se propone “menos períodos de latencia, más capacidad para que los trabajadores tengan la obra social que prefieren tener”. Y esto se complementa con otro proyecto, recordó, “que también presentamos en su momento, para que los aportes a los sindicatos tampoco sean obligatorios, sino que sean voluntarios por parte de los trabajadores. Es decir, en conjunto, tratar de darles un poco más de libertad a los trabajadores dentro de su organización sindical”.

La primera reacción de los gremios fue de rechazo, tanto a la reforma de las obras sociales como al proyecto general, que busca cambiar la Ley de Asociaciones Sindicales, para entre otras cosas limitar las reelecciones de los dirigentes. Desde la CTA Autónoma marcaron cierta cercanía respecto a la propuesta, ya que el sector busca que se mejore el manejo de esos recursos.  “Así como promovemos la participación mayor de las minorías en los convenios, proponemos que en cada obra social la conducción sea elegida democráticamente, de forma directa, y con representación de esas minorías”, explicó Jorge Yabkowski, secretario de Salud Laboral de esa central obrera. Ante la consulta de Política del Sur, el dirigente de la federación médica FESPROSA dijo que el sector es partidario “de desvincular el sistema de la seguridad social de la conducción de los gremios”. Esta coincidencia con el proyecto, como la delimitar las reelecciones, no implica un apoyo a la iniciativa. “Si no toca los temas modulares del modelo, es maquillaje, hay que cambiarlo de acuerdo a los tiempos que corren”, resaltó Yabkowski.

Si bien las obras sociales manejan fondos millonarios, desde hace un tiempo vienen reclamando por recursos demorados por el Estado, o que sea el gobierno el que se haga cargo de algunas coberturas, como las vinculadas a discapacidad, ya que la salud financiera de la seguridad está en crisis, en especial luego de la pandemia. En el reporte presentado por el secretario general del gremio de los trabajadores de Obras Sanitarias e integrante de la mesa chica de la CGT, José Luis Lingeri, se alertó que el sistema de obras sociales sindicales “está en severa crisis”. “En lo que va de 2023 no recibimos ni un solo aporte extraordinario del Fondo de Redistribución Solidaria, el sistema está en rojo. Se sostiene por el aporte de los sindicatos”, alertó el sindicalista, que como titular de la Secretaría de Acción Social de Azopardo tiene la llave de negociación con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Con unos 14 millones de afiliados, el fondo iba a entregar unos 9 mil millones de pesos mensuales, pero hace cinco meses que no hay novedades de ese dinero, por lo cual para comenzar a hablar la CGT reclama 45 mil millones de pesos.